La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hoy un "récord histórico" de detenciones en la provincia de Buenos Aires, con un aumento en los casos de flagrancia y juicios abreviados y de los niveles de hacinamiento en cárceles y comisarías.

 El organismo presentó este mediodía su 12° informe anual, en el que además de denunciar un hacinamiento de casi 100% en las cárceles provinciales, da cuenta de un aumento en el número de detenciones "arbitrarias". Según los números, en 2017 se detuvo a 39.765 personas. De ese total, solo el 10% tenía orden judicial previa, mientras que el 90% "la policía detuvo mediante flagrancia, que luego fue confirmada por el Poder Judicial".

"Arbitrariedad para detener, automaticidad para convalidar y velocidad para condenar son las tres prácticas combinadas del Poder Judicial y las fuerzas policiales que han llevado a este récord de la tasa de encarcelamiento", señaló la CPM.

Según el organismo, las detenciones por flagrancia aumentaron un 30% en los últimos cinco años. En ese mismo tiempo, el juicio abreviado creció un 42% y representa el 73% de las sentencias dictadas en la provincia. Además, se sostuvo que el 54% de las personas están detenidas con prisión preventiva.

En otro punto del extenso informe, el organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió sobre los altos niveles de sobrepoblación en cárceles: en diciembre de 2017, 38 mil personas se encuentran alojadas en las 50 cárceles y 12 alcaidías, en donde existen 20 mil plazas. "Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016", se indicó.

El informe también hace foco en el "alojamiento masivo de detenidos en comisarías", dando cuenta que unas tres mil personas ocupaba en 2017 1.040 camastros. "La sobrepoblación se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100% y con una tendencia en aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200%", sostuvo la CPM.

Por otro lado, el informe del organismo denunció que en 2017 se registraron 16.300 casos de torturas o tratos y penas "crueles, inhumanos y degradantes". En este ítem se da cuenta de desatenciones en las condiciones sanitarias: "La salud penitenciaria atraviesa una crisis gravísima que provoca gran cantidad de muertes por enfermedades no atendidas", se sostiene.

En tanto, la CPM denunció la existencia de un "sub registro" en los casos de muertes dentro de las unidades penitenciarias, a raíz de la falta de datos oficiales al respecto. Además, se indicó que el año pasado hubo 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior.