El matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner encabezaba una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales procuraron la percepción de suma de dinero ilegítimas por parte de particulares, destaca un informe del juez Claudio Bonadio publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

De esta forma, el juez consigna los cargo por los cuales acusa a la ex mandataria, con un detalle de lo actuado hasta ahora en la causa por los cuadernos.

Según el informe quedó confirmada “la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

LOS INDICIOS

Siempre de acuerdo a lo publicado por el CIJ para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que “prima facie permiten sostener que, durante un lapso de al menos ocho años, Roberto Baratta (por entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de Enarsa), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.

También se estima que entre el 2003 y el 2015 se habrían pagado más de 20 mil millones de dólares.

Y revela que: “previo a percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido.