El diputado bonaerense por Cambiemos, Guillermo Castello presentó hoy un proyecto de ley para suspender o quitar cualquier prestación económica que reciban del Estado los que cometan delitos o contravenciones en manifestaciones públicas.

“Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida”, establece el proyecto que ingresó esta tarde a la Cámara Baja.

Prevé además que la misma sanción podrá aplicarse a la persona jurídica a la que pertenezca el manifestante y que la suspensión será aplicable desde el inicio de las actuaciones en las contravenciones o a partir de la citación a indagatoria en el caso de delitos.

“El derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”, explicó el diputado de la Coalición Cívica.
La iniciativa prevé en caso de condena penal o contravencional firme, el beneficio será eliminado.

Además prevé que la suspensión de pagos de beneficios podrá ser revertida si la persona humana o jurídica involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas.

También contempla que las personas jurídicas que reincidan en ese tipo de actos serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica conforme lo normado en el decreto-ley 8.671/76, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el mismo.

“El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito”, sostuvo Castello.