La Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes ante la Corte Suprema el amparo para intentar frenar el recorte de la coparticipación que la semana pasado dispuso por decreto el presidente Alberto Fernández. 

El escrito tiene 97 páginas, está firmado por María Cristina Cuello y Gabriel Astarloa, representantes de la Procuración de la Ciudad, y califica el recorte en la coparticipación como “inconstitucional, improvisado e intempestivo”. La medida impulsada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta busca anular la quita de fondos e insta a la Corte a que dé una respuesta.

Los abogados del Gobierno porteño pidieron que los miembros del máximo tribunal restablezcan “en forma inmediata” el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el 3,5% de coparticipación, vigente hasta el 10 de septiembre pasado. Cabe recordar que se había llegado a ese porcentaje a través de un decreto de 2016 del entonces presidente Mauricio Macri, quien cedió fondos a la administración porteña sin pasar por el Congreso. Hasta ese momento, la coparticipación porteña era de 1,4%.

En medio de un fuerte conflicto con la Policía bonaerense, Fernández dispuso días atrás recortar los ingresos de la Capital Federal y cederlos a la provincia de Buenos Aires para financiar el aumento salarial otorgado a los efectivos. Además, ayer envió al parlamento un proyecto de ley con el que busca reducir aún más el porcentaje de recursos al quitar de la base de cálculo el importe correspondiente al gasto asociado por las transferencias de la Policía Federal al distrito, y fijar un nuevo mecanismo para solventar esos requerimientos de caja.

Es decir, el Presidente no solo tomó la decisión de rebajar un punto de coparticipación y de ese modo llevar de 3,5% a 2,5% las transferencias automáticas diarias que se realizan desde el Banco Nación a una cuenta porteña, sino que además pretende establecer otro mecanismo para volver al 1,4% de peso sobre los recursos federales, que regía hasta diciembre de 2015 y que fue trastocado por el decreto de Macri. 

El petitorio incluye diversos puntos: que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial que ordenó la poda; recomponer la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad de Buenos Aires; y como medida cautelar, que se ordene la inmediata suspensión de la aplicación de la norma que significó una reducción en el goteo diario de recursos que el Ejecutivo nacional realiza en las arcas porteñas.