El Gobierno Nacional oficializó este martes la designación de Alejo Ramos Padilla como juez electoral de la provincia de Buenos Aires, en uno de los tribunales más importantes del país, a cargo de la competencia electoral del territorio bonaerense.

Su designación fue aprobada la semana pasada con los votos de senadores del Frente de Todos: 41 positivos frente a los 26 en contra de parte de la oposición que calificó a Ramos Padilla de “juez militante”.

Desde el kirchnerismo lo defendieron, destacaron su “valentía” y señalaron que fue “el mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior: tuvo el mejor puntaje, 94 y 95 puntos”.

Este martes, el Ministerio de Justicia oficializó mediante el Decreto 81/2021 el nombramiento de Ramos Padilla, como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de La Plata, que volverá a tener un magistrado titular después de seis años y medio.

Cabe recordar que en septiembre de 2014 falleció Manuel Blanco, quien estaba a cargo del tribunal desde 1984. Ramos Padilla tendrá a su cargo el operativo electoral y cualquier conflicto que se presente al respecto en la provincia de Buenos Aires.

De familia con tradición judicial, el magistrado comenzó su carrera en Tribunales pero luego se dedicó a la abogacía, patrocinando a víctimas de la dictadura y a excombatientes de Malvinas, entre otros. Su paso como juez, en tanto, generó mucho ruido, con varias decisiones que golpearon a la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuyo ministro de Justicia, Germán Garavano, lo calificó como un “juez militante”. En 2019, en tanto, su nombre estuvo en boca de todos por iniciar el conocido “D’Alessiogate”, una causa que aún tiene como imputado al fiscal Carlos Stornelli, entre otros nombres resonantes.

El flamante juez electoral bonaerense nació en diciembre de 1975 y se recibió como abogado en el año 2000, con 25 años. Su padre, Juan María Ramos Padilla, fue juez federal de Morón en la década del ‘80 y actualmente integra un tribunal en la Justicia porteña.

Mientras estudiaba trabajó con varios jueces de renombre, como los retirados Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo, y el camarista Martín Irurzun, autor de la famosa doctrina que justifica las detenciones de exfuncionarios acusados de delitos aún en las primeras etapas del proceso judicial a causa de sus contactos o relaciones creadas por el poder.

Como abogado tuvo un paso resonante al encargarse de la representación de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, en el primer juicio que condenó a represores por los delitos de “genocidio”. Entre los acusados se encontraba Miguel Etchecolatz, a quien hizo detener durante el proceso tras un encendido alegato en el que denunció la presencia de armas en su casa de Mar del Plata. También patrocinó en varias causas a ex combatientes de Malvinas, y es común verlo en actos y homenajes relacionados con la guerra.