Los sectores mayoritarios del Frente de Todos y Juntos aprobaron hoy, con notorias disidencias internas, una ley por la cual le dan a los intendentes, diputados, senadores y concejales la posibilidad de competir por un nuevo mandato en 2023, una chance que hasta ahora les estaba vedada según una ley que había sido votada en 2016, pero que no llegó a tener efectos.

La  nueva  norma, que modifica la ley 14.386 y su decreto reglamentario, fue elaborada sobre la base de un proyecto de los senadores Juan Pablo Allan y Joaquín De La Torre, de Juntos, que a su vez recibió cambios durante su debate en la sesión de labor parlamentaria, previa a su tratamiento en los recintos de ambas Cámaras, de la sque participaron representantes del Frente de Todos.

En sus cinco artículos, la nueva ley establece, básicamente, dos cuestiones. 1) Aunque se mantiene el límite de dos mandatos consecutivos máximo, su cómputo, que en la ley original se hacía desde 2015, ahora se cuenta desde 2017 o 2019. De ese modo, tanto intendentes, electos en 2015, como concejales o legisladores electos en 2017, pueden presentarse otra vez, en 2023 para intentar obtener un nuevo mandato. 2) Se establece una cláusula por la cual se cuentan los mandatos desde el primer día que se ejercen.

El primer punto buscó salvar una objeción que fue muy mencionada por quienes se opusieron a la ley. Se trata del argumento de que se trató de una legislación retroactiva, aprobada en 2016 pero que establecía una disposición desde 2015. La segunda, un mecanismo que usaron muchos intentes, sobre todo del oficialismo (unos 20, contra tres de la UCR y uno del vecinalismo) para no perder la posibilidad de renovar en 2023. Se trataba de tomar licencia antes de la mitad del segundo mandato y aprovechar un vacío legal que permitía de ese modo que ese segundo período no se le compute a los efectos del límite de la reelección. La mayoría de los alcaldes que optaron por esa vía, asumieron cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial.

Ahora, habrá dos mandatos máximo con un límite que opera en 2027 para los alcaldes y una cláusula que impide que se repita el artilugio legal que se usó esta vez, y que según varios opositores creaba una desigualdad ante la ley, ya que los oficialista, con cargos para asumir en ejecutivo, pudieron optar con más facilidad por ese mecanismo que el resto.

La norma generó mucha controversia interna, en ambas coaliciones. En Juntos, los sectores ligados a la exgobernadora María Eugenia Vidal y la Coalición Cívica, la votaron en contra, a excepción de algunos legisladores también ligados a intendentes de ese espacio, como Fabián Perechodnik, cercano a Vidal y a Julio Garro, el intendente de La Plata, cuyo gabinete integró hasta las elecciones. Por el oficialismo, se opusieron los 12 diputados y cuatro senadores del massismo. Es que ese sector había lanzado el proyecto de Ley en 2016, al que después se sumó Vidal, que le dio su impulso.

Al hacer uso de la palabra, uno de los autores, el senador Allan, destacó que “nuestro proyecto tiene por objetivo mejorar una ley que en aquel entonces en el 2016 la votamos con amplísimo consenso, el 2/3 de esta cámara lo acompañó” y recordó que esa ley formó parte de una política de mejora institucional”.

“La ley era clara en su espíritu, en su contenido, pero hay que precisarla. Este proyecto pone un cerrojo al segundo mandato: el que haya asumido su segundo mandato queda incluido en la prohibición de una reelección más. Esto es para evitar las reelecciones indefinidas”, remarcó.