El Fondo Monetario Internacional (FMI) dará plazo hasta fin de mes para que la Argentina concrete el próximo pago por US$2800 millones que debía realizarse el martes próximo, de modo que el país pueda afrontarlo con los recursos que surgirán del nuevo programa negociado por el Gobierno, que será discutido por el Directorio Ejecutivo el próximo viernes 25 de marzo.

El acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo implica que la Argentina no caerá en un impago, o “arrears”, en la jerga del organismo, el equivalente a un default.

“El FMI otorga gran valor al amplio apoyo de la sociedad para el éxito del programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomentarán un crecimiento más sostenible e inclusivo. También es testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de las autoridades argentinas que han ayudado a lograr este importante paso adelante”, indicó el director de Comunicaciones del Fondo, Gerry Rice.

El vocero del Fondo confirmó además que el Gobierno informó al FMI que cancelarán los pagos que tenían vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola transacción antes del 31 de marzo de 2022.

“La decisión del gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que la Argentina se mantenga al día en sus pagos al Fondo y, por lo tanto, no incurra en atrasos”, señaló Rice.

El nuevo cronograma de pagos terminó de concretarse mientras el nuevo acuerdo con el Fondo era aprobado por el Senado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante del Cono Sur ante el board del FMI, Sergio Chodos, trabajaron esta solución con el Fondo para evitar caer en un default con el organismo, dado que los plazos previstos antes eran muy justos, y el caso argentino, en particular, luego del estallido del conflicto en Europa del Este, no es hoy por hoy una prioridad en el Fondo.

En Economía celebraron que el Fondo rescata en su comunicado el respaldo al nuevo programa, aun cuando la vicepresidenta, Cristina Kirchner, La Cámpora y el cristinismo duro votaron en contra del proyecto en el Congreso, y la oposición reclamó expresamente que el programa económico fuera sacado del proyecto de ley porque tampoco lo respaldan.