Luego de que el Senado aprobara la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley con el fin de mantener el déficit cero, tal como había advertido cuando comenzó a tratarse el proyecto. “Es una estafa moral”, alegó el primer mandatario sobre el proyecto que incluye, entre otros puntos, un incremento complementario al de abril pasado de 8,1% por la diferencia de la inflación y que el haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total.

El comunicado difundido en las redes de la Oficina del Presidente comienza informando que “el Presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy (por ayer) por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.

“El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, continúa el texto.

Y agrega: “El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.

Los puntos principales del proyecto aprobado en el Senado, y que Milei vetará por “gastos exorbitantes”, incluyen:

• El reconocimiento de un incremento complementario al de abril pasado de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó por el mes de enero un 12,5% y la inflación de ese mes fue del 20,6%.
• El haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto equivalente multiplicada por 1,09. La CBT de julio (último dato oficial) fue de $ 291.471,73, y multiplicada por 1,09 da un total de $ 317.704,19. Y en ese mes el haber mínimo fue de $ 215.581 más el bono de $ 70.000: $ 285.581.
• Se contempla un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año, que consiste en un 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del último año.
• Impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme -unas 90.000- y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.
• Se establece que la actualización de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial sea mensual en lugar de trimestral.

“Deudas a futuro”

De acuerdo con el Gobierno, “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

Se añade en el comunicado que “adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”.