El Gobierno nacional oficializó hoy el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, al publicar el decreto que así lo determina en el Boletín Oficial, donde señala que la norma sancionada por el Congreso "no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente" de donde provendrían los fondos.

Se trata del Decreto 879/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; y de todos los ministros que integran el Gobierno nacional.
La norma sostiene que la ley sancionada en septiembre pasado por el Congreso Nacional es "manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente" de los fondos que se deben girar a las casas de altos estudios.
La decisión del presidente Javier Milei e vetar la Ley de Financiamiento Universitario fue anunciada anoche por la Oficina del Presidente, después de la realización de la marcha realizada realizada al Congreso y replicada en distintos puntos del país.
"Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico", se indicó en un texto de la Oficina del Presidente difundido a través de la red social X.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 13 de septiembre pasado y ahora vetada por el Poder Ejecutivo, propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024.
Para los gastos de funcionamiento, la ley ahora vetada ordenaba actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno nacional) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
También modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades.
En los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial se indica que la iniciativa aprobada por el Poder Legislativo "establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública, al explicar que los aumentos salariales "deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo".
En esa línea, se reseña que el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación "no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional".
Además considera que "la actualización salarial conforme a la inflación informada por el INDEC contemplada en el proyecto de ley, entre otros aspectos, evidencia una incongruencia respecto a la normativa sustantiva inherente a la negociación colectiva de trabajo y a la gestión de la Administración Financiera Pública".