El Gobierno de Javier Milei oficializó la decisión de dar de baja las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur. Así se determinó en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial que, de todas maneras, tiene un capítulo abierto en la Justicia que, por ahora, le dio una buena noticia a los intendentes del conurbano.

La medida, firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estableció que “corresponde dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor S.A. y Edesur S.A. conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”. Hasta entonces, las distribuidoras podían cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales.

Eso sucede luego de que la Secretaría de Comercio cumpliera con el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, y publicara la resolución 267/2024, que busca limitar el cobro de “cargos ajenos a la naturaleza del servicio” que se está facturando, lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas.

En los últimos años, se volvió una práctica común que en las boletas de electricidad se incluya el cobro de otros servicios, como el pago de seguros de vida o créditos. De este modo, quedaron prohibidas todas las tasas que se cobran de manera directa a los usuarios y que no tienen relación con el consumo del bien o servicio adquirido.

Sin embargo, varios intendentes ya obtuvieron fallos a favor en la Justicia para seguir cobrando las tasas. El último favoreció a julio Zamora, en Tigre, quien podrá recaudar tasas (que incluye el alumbrado de la vía pública y de los edificios municipales) en las boletas de Edenor y de Naturgy BAN.

Cabe recordar que el ENRE tiene alcance solo sobre las distribuidoras de Edenor y Edesur, que brindan el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El resto de las distribuidoras son reguladas por los entes provinciales y por eso los jefes comunales del interior tienen la posibilidad de seguir aplicando esta herramienta.