La Defensoría del Pueblo bonaerense ratificó la vigencia de la Ley 15.000. Y aseguró que "los candidatos deben presentar su declaración jurada patrimonial, incluso si ya la presentaron en otro ámbito pero no es pública".

Asimismo, el funcionario destacó el rol de la Junta Electoral bonaerense como autoridad responsable de exigir, publicar y garantizar el acceso ciudadano a esta información clave.

"La norma establece una excepción para aquellos funcionarios que ya hayan presentado su declaración jurada en otro ámbito. Sin embargo, si esa declaración no es pública ni accesible, se pierde el sentido de la ley. El espíritu del legislador fue que el votante pueda conocer esa información antes de emitir su voto, añadió".

"La transparencia patrimonial no es una formalidad administrativa: es un derecho de la ciudadanía. Y en un contexto social que exige integridad y ejemplaridad a la dirigencia, este cumplimiento debe ser claro, concreto y sin rodeos", concluyó.