La justicia le ordenó al gobierno nacional que debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la decisión que hizo lugar a una cautelar peticionada por el Consejo Interuniversitario Nacional.

La decisión ratificó lo resuelto en primera instancia, que había declarado inaplicable —de manera provisoria— el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la ley de financiamiento universitario.

El eje del conflicto radica en que, tras la sanción de la ley 27.795 —confirmada por el Congreso con mayoría agravada luego del veto presidencial—, el Poder Ejecutivo la promulgó pero condicionó su aplicación a la existencia de financiamiento presupuestario, con base en la ley 24.629. Frente a ello, universidades nacionales promovieron un amparo colectivo para exigir su cumplimiento inmediato.

En el fallo, los camaristas rechazaron los planteos del gobierno que había apelado el fallo de primera instancia y sostuvieron que en cuanto al interés público,  lejos de verse afectado, se encontraba comprometido en sentido inverso, al estar en juego el derecho a enseñar y aprender. Además, relativizó el impacto fiscal de la medida, estimado en un 0,23% del PBI.