El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura mostró su preocupación por la situación que se vive en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires y le pidió al Estado bonaerense que cumpla con la obligación de proveer a las personas privadas de la libertad alimentación adecuada y suficiente.

A través de un comunicado, el Comité exhortó a los poderes del Estado que inste a los organismos responsables a dar una respuesta urgente y definitiva que garantice la correcta alimentación de las personas privadas de la libertad. En este sentido, enviaron notas a la gobernadora saliente María Eugenia Vidal, al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, al secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón y al presidente de la Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lazzari

"La falta de acceso de las personas privadas de la libertad a una alimentación adecuada en la prisión constituye un trato cruel e inhumano e incumple el artículo 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Nelson Mandela-, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 75 inciso 22° de la Constitución Nacional", indicó.

En este marco, aseguró que es oportuno convocar a un espacio intersectorial para el abordaje integral de las condiciones de detención de cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. "Este Comité seguirá en contacto con las personas privadas de la libertad y sus familiares y aboga por establecer un diálogo abierto y sincero entre las distintas partes en pos de encontrar una vía de solución pacífica a la demanda de los detenidos y las detenidas en territorio bonaerense", concluyó. (