El Gobierno provincial creó hoy una unidad para monitorear las muertes en las unidades penitenciarias bonaerenses, realizar informes e impulsar políticas públicas que aborden la problemática.

Se trata de la “Unidad de registro y monitoreo de las muertes en contexto de encierro”, que estará bajo la órbita de la Dirección de Lucha contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La unidad fue oficializada a través de la resolución 1029/2020 de la cartera que dirige Julio Alak, publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense.

En los considerandos, la resolución recuerda que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas realizó un crítico informe tras visitar unidades penitenciarias bonaerenses en abril de 2017.

Explica que el organismo internacional se refirió a la “ausencia de datos fiables sobre las muertes en detención” y a “la falta de información sobre los resultados de las investigaciones” al respecto, mientras que manifestó “su preocupación por el elevado porcentaje de fallecimientos asociados a problemas de salud, como consecuencia de una atención deficiente en los centros penitenciarios”.

Estas problemáticas también vienen siendo señaladas por la Comisión Provincial por la Memoria que, en su último informe anual, dio cuenta de unas 148 muertes (118 por enfermedades) en cárceles bonaerenses durante 2019 y advirtió que “se agudizó la falta de atención médica, uno de los principales hechos denunciados por las personas detenidas”.

Funciones de la unidad

La unidad creada hoy por Provincia deberá “registrar y monitorear los fallecimientos ocurridos en Unidades Penitenciarias y Alcaidías Penitenciarias y Departamentales”, y con la información recabada tendrá que realizar informes al respecto.

La resolución también señala que para esto articulará con distintas áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Servicio Penitenciario Bonaerense, y que realizará entrevistas a las personas privadas de libertad, a familiares y a personal de las unidades carcelarias “bajo expreso consentimiento de los mismos”.