La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita” a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.

“Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo Luciane en la última jornada de alegatos Y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados y la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. Y aseguró que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.

En tanto, Luciani pidió para el empresario Lázaro Báez la pena de 12 de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, y partícipe primario del delito de defraudación al Estado. Para el es ministro de Planificación, Julio de Vido, reclamó 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de organizador y administración fraudulenta agravada, que concurren de manera real.

Del mismo modo, solicitó para el exsecretario de Obras Públicas, José López, la pena de 10 de cárcel, inhabilitación perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, y el delito de administración fraudulenta agravada al Estado. La misma pena solicitó para el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Los pedidos de penas alcanzaron también para Mauricio Collareda (seis años de prisión), Juan Carlos Villafañe (seis años de prisión), Raúl Osvaldo Daruich (cinco años), Raúl Pavesi (cinco años), Claudio Abel Fatala (cuatro años), José Raúl Santibañez (cuatro años), Héctor René Garro (tres años de prisión en suspenso), todos con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Carlos Santiago Kirchner le pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.